Ada Colau, de Barcelona en Comu, ha diferenciado los puestos directivos y gerenciales del resto en cuanto a su posicionamiento sobre el límite de salarios en 2.200 euros.
Concretamente lo ha anunciado en relación con los cargos de gerente y el de jefe de la Guardia Urbana pero es previsible que se extienda a mas, del mismo tipo profesional, manteniendo el criterio de tope para los cubiertos por razones de índole política.
La difícil cobertura de ciertos puestos con personas de competencias contrastadas es un hecho que se va produciendo en los primeros contactos.
Por otro lado, el controvertido tope propugnado por Podemos y los partidos, plataformas y coaliciones que comparten sus posicionamientos choca con la tremenda realidad de intentar cubrir puestos con un salario en ocasiones la mitad que el del funcionario responsable del área de que se trate. Y no solo en las grandes ciudades. Muchas otras de tamaño medio, diputaciones, etc. retribuyen a sus jefes de área y de servicio y a puestos concretos de abogacía, Secretario/a y/o Interventores y Tesoreros por encima de los 4.000 y en ocasiones de 5.000 euros netos. La comparación con el funcionariado, pues, es otro de los elementos que pueden hacer modificar esos posicionamientos iniciales.
La retribución de la dirección pública profesional ha de estar regida por factores que tienen que ver con el tamaño de la unidad que se dirige, la complejidad del encargo, el volumen económico que se maneja, las competencias y la formación exigida, la experiencia necesaria... y el mercado, como telón de fondo.
Fernando Monar
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