Además de las apelaciones a la agenda 2030 de Naciones Unidas y a la participación ciudadana mediante observatorios, la revisión de la norma de evaluación de gobiernos locales, la ISO 18091, ha incluido una referencia a los Derechos Humanos relacionándolos con sus 39 indicadores del Anexo B, como se sabe estructurados en los cuadrantes de desarrollos: 1, Institucional para el Buen Gobierno; 2, Económico Sostenible; 3, Social Inclusivo y 4, Ambiental Sostenible.
Los expertos que impulsan y revisan la reedición de la 18091 trabajan con la base ética de las declaraciones, pactos y convenciones internacionales de Derechos Humanos para satisfacer integralmente las necesidades y expectativas de los clientes / ciudadanos.
Por ejemplo, el derecho a la libre disposición de la riqueza y los recursos, a la igualdad y prohibición de la discriminación, al trabajo, a la educación y a la formación profesional, a la salud, al agua, a la cultura, a la alimentación, al medio ambiente saludable… los de los niños, los de las personas vulnerables,…y los compromisos de adoptar medidas para la eficacia de los derechos humanos.
La apelación al posicionamiento ético viene acompañando el trabajo de quienes impulsan esta norma, desde el inicial IWA-4 y la primera versión de la 18091, ya que la gestión – la determinación de objetivos, la medición, la mejora…- y aun más la gestión pública, o está estrechamente vinculada a valores o pierde su sentido, se queda sin norte.
Los expertos que impulsan y revisan la reedición de la 18091 trabajan con la base ética de las declaraciones, pactos y convenciones internacionales de Derechos Humanos para satisfacer integralmente las necesidades y expectativas de los clientes / ciudadanos.
Por ejemplo, el derecho a la libre disposición de la riqueza y los recursos, a la igualdad y prohibición de la discriminación, al trabajo, a la educación y a la formación profesional, a la salud, al agua, a la cultura, a la alimentación, al medio ambiente saludable… los de los niños, los de las personas vulnerables,…y los compromisos de adoptar medidas para la eficacia de los derechos humanos.
La apelación al posicionamiento ético viene acompañando el trabajo de quienes impulsan esta norma, desde el inicial IWA-4 y la primera versión de la 18091, ya que la gestión – la determinación de objetivos, la medición, la mejora…- y aun más la gestión pública, o está estrechamente vinculada a valores o pierde su sentido, se queda sin norte.