sábado, 3 de junio de 2017

Aprobada en Aragón la Ley de Integridad y Ética Pública, que regula los lobbies y permitirá crear una agencia supervisora

El Pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado este jueves día 1 de junio de 2017 la Ley de Integridad y Ética Pública (pero curiosamente sólo hemos encontrado disponible el anteproyecto del que en su momento se hicieron eco multiples interesados), orientada a prevenir la corrupción y que incluye la creación de un registro de lobbies y de una agencia de integridad y ética pública que tendrá funciones de supervisión de la actividad pública.

Este proyecto de ley, estaba recogido en los acuerdos de investidura del presidente, Javier Lambán, contempla el compromiso de cumplir un código ético público y dispone la elaboración del Estatuto del empleado público denunciante, así como un Código de Buen Gobierno.

También se normativiza el traspaso de poderes en el Gobierno, de una legislatura a otra, como tienen otros países, y se ordena el Registro de actividades, bienes y derechos patrimoniales de los miembros del Gobierno; las declaraciones de bienes serán públicas y una vez cesen en sus funciones se examinará su situación patrimonial. Habrá un estatuto para el personal directivo de la Administración.

En la tramitación, según reza la noticia se ha modificado sustancialmente el texto inicial para evitar conflictos de competencias y solapamientos con otros organos e instituciones como los tribunales de justicia.

El diputado del PSOE, Florencio García Madrigal, ha coordinado los trabajos de la Ponencia, acompañado por María Ángeles Orós (PP), Héctor Vicente (Podemos), Elena Allué (PAR), Susana Gaspar (Cs) y Patricia Luquin (IU). Como todos los portavoces, García Madrigal ha dedicado parte de su intervención a elogiar el trabajo realizado por la letrada Vega Estella, recientemente nombrada miembro del Consejo Consultivo de Aragón, tras décadas de servicio a la institución parlamentaria.

La creación de la Agencia de Integridad y Ética Pública, como un organismo independiente -habrá que leer como se conseguirá esta independencia- que se relacionará con las Cortes a través de una Comisión permanente y que evaluará las políticas públicas y disposiciones legales desde este punto de vista. 

Se modifican, con esta ley, otras normas de la Comunidad Autónoma, como las leyes del Presidente y el Gobierno de Aragón, la de Urbanismo y la de Contratos Públicos.

En la ley se prevé la incorporación de la declaración de idoneidad para ser miembro de organismos o alto cargo y la creación de la figura del funcionario responsable de contratos.

Esperemos que esta ley se desarrolle según lo previsto, porque tanto la ética como la dirección pública profesional son dos elementos fundamentales en la construcción de administraciones públicas modernas y en las que la ciudadanía pueda volver a confiar.

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