jueves, 23 de julio de 2015

Respaldo social al anteproyecto de DPP de Catalunya

El anteproyecto de ley sobre dirección pública profesional presentado recientemente por la Generalitat de Catalunya cuenta con el respaldo de FERA,el Foro de Entidades para la Reforma de la Administración, un espacio informal de encuentro de entidades de la sociedad civil catalana que defienden la necesidad de abordar, de forma a la vez constructiva y exigente, la largamente reclamada reforma de la administración pública. 
Los miembros de FERA son: la Asociación Catalana de Gestión Pública (ACGP), la Asociación de Técnicos de Administración de la Generalidad de Cataluña (ATAGEC), la Cámara de Comercio de Barcelona, la CECOT, el Club de Dirección Pública ESADE Alumni, el Colegio de Economistas de Cataluña, la Comisión de los ingenieros industriales en las Administraciones públicas del Colegio y Asociación de Ingenieros Industriales de Cataluña, el Colegio de Politólogos y Sociólogos de Cataluña, el Public-Private Sector Research Center del IESE y la Mesa del Tercer Sector Social.

La declaración que han efectuado es del siguiente tenor: Valoramos positivamente el contenido general del anteproyecto dado que incorpora todos los elementos básicos constitutivos de un sistema de dirección pública profesional homologable internacionalmente con los existentes en las democracias más avanzadas, que nos son de referencia: objeto (art. 1), principios (art. 4), responsabilidad por la gestión (art. 5), funciones (Art. 6), procedimiento de designación (cap. II), acuerdo de gestión (cap. III), ente independiente responsable del sistema (Título II), etc.
Como propuestas de mejora y de avance incluyen especialmente a la reclamación de que el alcance de la ley no se limite a la Generalidad de Cataluña y su sector público, sino que constituya un auténtico sistema de Dirección Pública Profesional de Cataluña, es decir, que incluya directamente, y faculte automáticamente para usar esta figura, también en la administración local y en la universitaria. Esta habilitación no afectaría en ningún caso a las correspondientes autonomías local y universitaria y, en cambio, resolvería, por ejemplo, la precariedad normativa en la que se ejerce actualmente, en muchos casos, la dirección pública local.

Fernando Monar Rubia.

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