Los derechos humanos, otro de los anclajes de la nueva norma de evaluación de gobiernos locales (ISO 18091)

Además de las apelaciones a la agenda 2030 de Naciones Unidas y a la participación ciudadana mediante observatorios, la revisión de la norma de evaluación de gobiernos locales, la ISO 18091, ha incluido una referencia a los Derechos Humanos relacionándolos con sus 39 indicadores del Anexo B, como se sabe estructurados en los cuadrantes de desarrollos: 1, Institucional para el Buen Gobierno;  2, Económico Sostenible; 3,  Social Inclusivo y 4, Ambiental Sostenible.
Los expertos que impulsan y revisan la reedición de la 18091 trabajan con la base ética de las declaraciones, pactos y convenciones internacionales de Derechos Humanos para satisfacer integralmente las necesidades y expectativas de los clientes / ciudadanos.
Por ejemplo,  el derecho a la libre disposición de la riqueza y los recursos, a la igualdad y prohibición de la discriminación, al trabajo, a la educación y a la formación profesional, a la salud, al agua, a la cultura, a la alimentación, al medio ambiente saludable… los de los niños, los de las personas vulnerables,…y los compromisos de adoptar medidas para la eficacia de los derechos humanos.
La apelación al posicionamiento ético viene acompañando el trabajo de quienes impulsan esta norma, desde el inicial IWA-4 y la primera versión de la 18091, ya que la gestión – la determinación de objetivos, la medición, la mejora…- y aun más la gestión pública, o está estrechamente vinculada a valores o pierde su sentido, se queda sin norte.

Un modelo de observatorio ciudadano de los servicios y las políticas públicas locales, en la revisión de la 18091

Desde la convicción de que un gobierno confiable necesita la colaboración de ciudadanos confiables, los impulsores del proceso de renovación de la norma ISO 18091, han incluido como anexo D al documento que está circulando para su aprobación,  una propuesta de diseño de Observatorios Integrales de Ciudadanos (ICO), con la idea de establecer las directrices para constituir ISO18091 como una herramienta efectiva para la participación ciudadana, de modo congruente con el enfoque cliente / ciudadano.
Un ICO tendria como objetivo identificar, definir y documentar las necesidades de los ciudadanos, reforzando su participación, así como la transparencia y rendición de cuentas del gobierno local.
Facilitaria entonces la colaboración de clientes / ciudadanos con el gobierno local en la generación de reflexiones, propuestas y soluciones a problemas públicos  en el espacio extenso pero acotado de los elementos que configuran el anexo B de la norma, con sus cuatro cuadrantes y 39 grandes indicadores.
En su estructura se incluirían diferentes tipos de interesados, como ciudadanos,  sociedad organizada, representantes de   la población más vulnerable, mundo empresarial, e instituciones de formación e investigación. También se incluyen los equipos estratégico y de soporte y los verificadores ciudadanos, figura de mucho  valor en el esquema.
La función de los ICO sería la de generar informes que los gobiernos locales puedan incorporar, mediante un proceso de acuerdo, a sus sistemas de gestión de la calidad. Contará con un código de ética y reglas básicas de operación, con valores como objetividad, autonomía, compromiso, integridad, inclusión, responsabilidad, liderazgo, y respeto, entre otros.

La renovación de la norma de evaluacion de gobiernos locales (ISO 18091), alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU

Teniendo en cuenta los posicionamientos de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible y buscando que los gobiernos locales asuman su papel de gestores clave de la Agenda 2030, los 39 indicadores del Anexo B de la ISO 18091, en su proceso de renovación, se han vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG).
Asi, las autoridades locales dispondrán de una herramienta integral para la localización, diagnóstico, evaluación, verificación y seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenibles.
Como se sabe, el 25 de septiembre de 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible que contiene 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG). La iniciativa entró en vigor el 1 de enero de 2016 y fue adoptada por 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas. Los 17 SDG son pues una agenda de la ONU y un plan de acción para la gente, el planeta y la prosperidad.  Incluyen 169 objetivos que buscan fortalecer la paz universal con mayor libertad (Organización de las Naciones Unidas, 2015).
Según Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), todos los SDG tienen por lo menos 92 objetivos relacionados directa o indirectamente con el trabajo diario de las autoridades locales. Esto los convierte en la mejor opción gubernamental para vincular los objetivos globales con las comunidades locales (CGLU, 2016).
Los expertos advierten de que los 17 SDG se formulan principalmente en términos de gobiernos nacionales y sin mecanismos claros para su gestión.

Aprobada en Aragón la Ley de Integridad y Ética Pública, que regula los lobbies y permitirá crear una agencia supervisora

El Pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado este jueves día 1 de junio de 2017 la Ley de Integridad y Ética Pública (pero curiosamente sólo hemos encontrado disponible el anteproyecto del que en su momento se hicieron eco multiples interesados), orientada a prevenir la corrupción y que incluye la creación de un registro de lobbies y de una agencia de integridad y ética pública que tendrá funciones de supervisión de la actividad pública.

Este proyecto de ley, estaba recogido en los acuerdos de investidura del presidente, Javier Lambán, contempla el compromiso de cumplir un código ético público y dispone la elaboración del Estatuto del empleado público denunciante, así como un Código de Buen Gobierno.

También se normativiza el traspaso de poderes en el Gobierno, de una legislatura a otra, como tienen otros países, y se ordena el Registro de actividades, bienes y derechos patrimoniales de los miembros del Gobierno; las declaraciones de bienes serán públicas y una vez cesen en sus funciones se examinará su situación patrimonial. Habrá un estatuto para el personal directivo de la Administración.

En la tramitación, según reza la noticia se ha modificado sustancialmente el texto inicial para evitar conflictos de competencias y solapamientos con otros organos e instituciones como los tribunales de justicia.

El diputado del PSOE, Florencio García Madrigal, ha coordinado los trabajos de la Ponencia, acompañado por María Ángeles Orós (PP), Héctor Vicente (Podemos), Elena Allué (PAR), Susana Gaspar (Cs) y Patricia Luquin (IU). Como todos los portavoces, García Madrigal ha dedicado parte de su intervención a elogiar el trabajo realizado por la letrada Vega Estella, recientemente nombrada miembro del Consejo Consultivo de Aragón, tras décadas de servicio a la institución parlamentaria.

La creación de la Agencia de Integridad y Ética Pública, como un organismo independiente -habrá que leer como se conseguirá esta independencia- que se relacionará con las Cortes a través de una Comisión permanente y que evaluará las políticas públicas y disposiciones legales desde este punto de vista. 

Se modifican, con esta ley, otras normas de la Comunidad Autónoma, como las leyes del Presidente y el Gobierno de Aragón, la de Urbanismo y la de Contratos Públicos.

En la ley se prevé la incorporación de la declaración de idoneidad para ser miembro de organismos o alto cargo y la creación de la figura del funcionario responsable de contratos.

Esperemos que esta ley se desarrolle según lo previsto, porque tanto la ética como la dirección pública profesional son dos elementos fundamentales en la construcción de administraciones públicas modernas y en las que la ciudadanía pueda volver a confiar.