Chile. 28 de septiembre 2015. Quienes más duran en sus puestos son los funcionarios de Relaciones Exteriores y de Energía (2,5 años). En el otro extremo está Medio Ambiente, con 1,1 años.
El plazo máximo que puede permanecer un funcionario elegido a través del sistema de Alta Dirección Pública es de nueve años (en períodos renovables de tres años cada uno).
Sin embargo, en sus doce años de existencia, nadie ha logrado completar estos tres períodos. Y si se analizan las cifras de duración de los cargos de acuerdo al ministerio del que dependen, los datos arrojan que no hay ninguna cartera donde se alcancen promedios que se acerquen a los tres años que dura el nombramiento.
Esto, en otras palabras, significa que cada gobierno se ve enfrentado a nombrar, en promedio, al menos dos personas por cada uno de los cargos de Alta Dirección Pública.
Las cifras muestran que quienes más tiempo se desempeñan en sus puestos son los funcionarios de los ministerios de Relaciones Exteriores (7 cargos) y de Energía (24 cargos). Ambos promedian 2,5 años en sus funciones. En el otro extremo, Medio Ambiente (24 cargos).
El Ministerio de Salud, que concentra el 34% del total de puestos elegidos vía ADP (332), tiene un promedio de 2,3 años de duración para sus cargos.
Buena parte del problema se explica porque, si bien los perfiles de los cargos deben cumplir con requisitos técnicos específicos muy exigentes para los candidatos, estos igualmente quedan sujetos "a la exclusiva confianza" del Presidente de la República, quien finalmente es el que sanciona los nombramientos y tiene la facultad de solicitar su renuncia en cualquier momento.
Rodrigo Egaña, director del Servicio Civil -organismo encargado de la gestión del sistema de Alta Dirección Pública-, pondera la situación afirmando que las diversas mediciones de distintos organismos internacionales sitúan al sistema dentro de los más avanzados de Latinoamérica. Aún así, asume que la alta rotación de los funcionarios genera impacto sobre el desempeño global del aparato estatal. "Conceptualmente, en cualquier país -habiendo o no Servicio Civil- frente a cambios de directivos es posible que se impacten el funcionamiento de los servicios públicos y la implementación de las políticas públicas, negativa o positivamente. Eso depende siempre de la calidad del funcionario que ingresa y de la que caracterizó al que se le pide la renuncia o la decide voluntariamente, pero no olvidemos que quienes diseñan las políticas públicas son los ministros y subsecretarios", afirma.
Cuando se configura el escenario de la "renuncia no voluntaria" el funcionario removido tiene derecho a que se le indemnice por el monto que restaría por pagar hasta el final de los tres años. Egaña dice que esto no afecta las arcas públicas pues dichos montos salen de los presupuestos regulares de cada repartición.
El perfeccionamiento del sistema es parte de las reformas para darle mayor transparencia y probidad al Estado, y en julio se ingresó el proyecto de ley que busca subsanar estos problemas, en un intento por equilibrar la parte técnica con la política.
Así lo explica el consejero de Alta Dirección Pública, Manuel Inostroza, quien cuenta que "ya que el sistema ha pasado por dos cambios de coalición política (en el Gobierno), con datos de renuncia significativa (casi dos tercios), claramente te das cuenta de que el problema de la confianza política afecta el objetivo de continuidad para las políticas públicas".
Eduardo Abarzúa, también consejero del mismo organismo, explica que la principal causa de la alta rotación "es la petición de renuncia, con tasas que se elevan drásticamente en los años de cambio de gobierno y coalición política", por lo que el cambio legal propuesto "fomenta la probidad, transparencia, eficiencia y responsabilidad frente a la ciudadanía".
"El problema de la confianza política afecta el objetivo de continuidad para las políticas públicas".
MANUEL INOSTROZA. Consejero ADP
"En ambas transiciones gubernamentales las desvinculaciones de primer nivel van de 64% a 65% durante el primer año de gobierno".
RODRIGO EGAÑA. Director del Servicio Civil
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