Mediante la Ley 7/2014, de 17 de julio, de medidas en materia de función pública y organización administrativa, el Principado de Asturias ha regulado su DPP, con importantes limitaciones frente a los modelos avanzados, ya que, por ejemplo, exceptua a los puestos de dirección general, no suprime los ceses por pérdida de confianza - sí sin embargo contiene que una evaluación negativa sera motivo de cese -, cierra el acceso a personal que no sea empleado público, y asegura que los nombramientos responderán a los clásicos "principios de mérito y capacidad", sin detallar competencias directivas de referencia, compromiso ético, etc.

Sí es positivo, sin embargo, su compromiso de una fuerte reducción de los puestos de libre designación en la estrcutura general.

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